La pugna desatada tras el visto bueno de la Corema a la explotación de los pozos altiplánicos no se detiene y ayer el intendente regional Patricio Zapata, cumpliendo con su palabra de reunirse con todos los sectores, recibió a representantes del Consejo Nacional Aymara.
La reunión se realizó a puertas cerradas sin acceso a la Prensa y hasta el cierre de la edición no hubo una versión de lo tratado, estando apagados los celulares de las autoridades y sus asesores. Para hoy se espera una respuesta oficial.
No obstante, trascendió que los representante del Consejo Nacional Aymara, reiteraron su posición de oposición a la explotación de estos pozos altiplánicos por el temor que les asiste en cuanto al daño que se produciría en el ecosistema.
Los representantes exponen, además, que el Parque Nacional Lauca, donde están asentados estos recursos, forma parte de convenios internacionales firmados por el Gobierno chileno para la protección de la flora y fauna del hábitat andino.

DEFENSA DE LOS POZOS
En otro lado de la discusión, una intermitente luz amarilla de alerta hídrica llevó al Ministerio de Obras Públicas a diseñar la construcción de siete pozos en el Parque Nacional Lauca, en la I Región.
Las causas del proyecto que ha preocupado incluso a Bolivia, son la sistemática escasez de recursos hídricos, el crecimiento de las hectáreas de cultivo, la sobreexplotación del agua subterránea de Azapa y el deterioro de la calidad de ese acuífero.
Es tal la necesidad de los pozos para la región que Clemente Pérez, subsecretario de la cartera, calificó de "tontera" no "aprovechar y no utilizar" las reservas de agua, que equivalen a 65 embalses Rapel y están confinadas a 50 metros de profundidad.
En los últimos ocho años la superficie de riego del valle de Azapa aumentó en 600 hectáreas. Pero lo preocupante es que desde 1988 los caudales medios anuales de ocho vertientes de la zona han caído sistemáticamente hasta llegar a cero litros por segundo.
La situación se agrava porque los conductos que llevan el agua a los agricultores están cada vez más lentos desde 1985, y la salinidad del agua está aumentando.

MITIGACION
Ante las críticas de parlamentarios y ambientalistas, Pérez aseguró que el proyecto cumple con la normativa nacional e internacional, y que no existe otra alternativa para abastecer las tierras de cultivo.
Según el subsecretario, se adoptarán medidas de control y monitoreo en los niveles y volúmenes de extracción de los pozos, la que será de 300 litros por segundo.
También se instalarán 50 piezómetros en los bofedales, se habilitarán cuatro pozos de control, y habrá dos estaciones para medir los caudales del río Lauca, además de muestreos de flora, fauna y evaluación de la superficie de pastoreo.
La explotación será sólo del Estado y la propiedad y uso de las aguas "nunca" serán traspasados a privados, dijo Pérez.
El proyecto fue aprobado por la Corema de la I Región, y ahora se trabaja en los proyectos de regadío. Según Pérez sólo se concretarán con el acuerdo de la comunidad aymara.
Pero los argumentos del MOP contrastan con un informe de la Conaf de Tarapacá, que concluyó que el proyecto "no cumple con la normativa ambiental vigente".
Carlos Weber, director ejecutivo de la Conaf, reconoció que su "preferencia" era que no se perforaran los pozos y "ahora ojalá que no se utilicen".
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, dijo que lo que "vale" es la aprobación de la Corema, y precisó que su deber "ineludible" es "preservar" el sistema nacional de área silvestre, como parques y reservas.